Las constantes crisis políticas que ha atravesado nuestro país es reflejo de, por un lado, la oferta política de poca calidad y, por otro lado, la falta de mecanismos que faciliten a los electores tomar las mejores decisiones. Una forma de resolver lo primero es mediante reformas que fortalezcan a los partidos políticos.

Sobre lo segundo, toca entender qué lleva a los ciudadanos a votar por un perfil determinado de candidato y pensar cómo podemos generar más espacios de debate y educación cívico-ciudadana. Esto adquiere mayor relevancia cuando debido a la crisis económica y sanitaria, discursos populistas y/o poco democráticos tienen mayor cabida entre la ciudadanía.

Durante diversas crisis que amenazan la vida humana (p. ej. guerras, desastres naturales) los discursos políticos autoritarios adquieren mayor vigencia. Concretamente, la prevalencia de enfermedades infecciosas, como la del Covid-19, promueven comportamientos sociales autoritarios y etnocéntricos. Vale hacer notar que estas actitudes pueden ser aprovechadas por candidatos con posturas distintas sobre la economía o que se ubiquen en puntos diferentes en el espectro ideológico izquierda-derecha.

En Perú, inclusive antes de la pandemia, candidatos con discursos nacionalistas y de mano dura han tenido simpatía en el electorado en cada elección, por lo que es muy probable que en los comicios de abril estos adquieran tanta o mayor relevancia como en experiencias anteriores. Indudablemente, esta es una amenaza para la poco consolidada democracia peruana.

Hay que dejar claro que no se debe a una falta de entendimiento por parte de los electores. Por el contrario, su aparición es un síntoma de que la clase política tradicional no ha logrado resolver los principales problemas de la población. Entonces, se forman discursos que buscan reivindicar a amplios sectores de la sociedad pero a partir de propuestas alejadas de las normas o del respeto por los derechos humanos.

Tampoco quiere decir que esperemos que todo se siga haciendo como siempre y muchas de las desigualdades acarreadas desde hace 200 años se mantengan como están. Por el contrario, es posible esperar proyectos nacionales que incluyan a sectores históricamente olvidados pero que no se alejen del Estado de derecho.

Apuntando a lo concreto ¿qué podemos hacer como sociedad para conseguir este ideal de oferta política? Si bien cada elector es libre de elegir la opción que mejor le parezca, desde los centros de investigación, universidades y organizaciones de la sociedad civil es deber generar mecanismos de voto informado y espacios inclusivos de debate.

¿Cómo saber que las propuestas de los partidos son viables? ¿La trayectoria política de los candidatos dan indicios de que realmente cumplirán sus promesas de gobierno? Estas son algunas preguntas que la ciudadanía se hace, pero dificultades como el uso de otra lengua o la falta de acceso a la información o al internet impeden que se puedan responder.

La democracia no solo es la periodicidad de elecciones, es también un sistema donde existen espacios de diálogo entre gobernados y gobernantes. Electores informados serán inmunes a la demagogia y promesas falsas y podrán exigir soluciones concretas a los problemas que les aquejan. Evidentemente, este esfuerzo por sí solo no terminará con los problemas de los que adolece la ciudadanía, pero es una arista que tampoco debe dejarse de lado.